Los juzgados acopian retrasos de diez años en accidentes laborales
La mora que acumulan las causas judiciales en Castellón por la carga de trabajo y falta de medios en los juzgados, como ya denunció Mediterráneo, también afecta a expedientes de accidentes laborales, algunos de los cuales llevan en curso hace casi una década.
De este modo lo ha expuesto el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, quien dio parte de que, en la provincia de Castellón, a fecha de noviembre de este 2011, se contabilizan en trámite 115 expedientes en el juzgado por accidentes en el trabajo, de los que 46 están pendientes de juicio oral, dos pendientes de sentencia y 67 en fase de instrucción. El sistema procesal es obsoleto, pues los procedimientos por imprudencias laborales se alargan durante años. Hay aún en Castellón expedientes en trámite por imprudencias que datan del 2002 y 2003, señaló Carceller.
Asimismo, apuntó que en la demarcación castellonense se ha registrado una reducción de los accidentes laborales en los últimos años, por el descenso de la actividad empresarial y de la construcción. Apuntó que en este año se han abordado por accidentes laborales dos diligencias penales, uno en el que se dirime un delito por homicidio --con un muerto en el sector del metal, en una empresa del Grao de Castellón, ocurrido durante el pasado verano-- y seis asuntos incoados.
En cuanto a la legislación, Carceller recordó que desde diciembre del 2010 el artículo 42 que regula la accidentalidad laboral contempla la responsabilidad de empresario, mandos intermedios, aseguradoras y personas jurídicas. Por parte de la Administración, cuando se produce un accidente, interviene en la investigación tanto la Fiscalía como la Inspección de Trabajo.
Precisamente, el inspector jefe provincial de Trabajo en Castellón, Juan José Camino, resaltó la reciente entrada en vigor de la ley de jurisdicción social y su desarrollo en 2012 --antes, el trámite se realizaba por la vía contencioso administrativa, salvo los punitivos, que siguen por la penal; y además, fijará baremos para indemnizaciones--. Y avanzó las campañas en Castellón de prevención en el uso de sílice, amianto o riesgos hospitalarios.
El director general del Invassat, Miguel Ángel Tarín, apuntó además que en las empresas el 70% de riesgos de higiene y el 30% de ergonomía están identificados, pero no evaluados; y los psicosociales, solo se examinan en el 20% de los casos. Como otro reto a mejorar, citó que no es fácil identificar una enfermedad profesional de la común, pero hay un sistema de vigilancia.
De este modo lo ha expuesto el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, quien dio parte de que, en la provincia de Castellón, a fecha de noviembre de este 2011, se contabilizan en trámite 115 expedientes en el juzgado por accidentes en el trabajo, de los que 46 están pendientes de juicio oral, dos pendientes de sentencia y 67 en fase de instrucción. El sistema procesal es obsoleto, pues los procedimientos por imprudencias laborales se alargan durante años. Hay aún en Castellón expedientes en trámite por imprudencias que datan del 2002 y 2003, señaló Carceller.
Asimismo, apuntó que en la demarcación castellonense se ha registrado una reducción de los accidentes laborales en los últimos años, por el descenso de la actividad empresarial y de la construcción. Apuntó que en este año se han abordado por accidentes laborales dos diligencias penales, uno en el que se dirime un delito por homicidio --con un muerto en el sector del metal, en una empresa del Grao de Castellón, ocurrido durante el pasado verano-- y seis asuntos incoados.
En cuanto a la legislación, Carceller recordó que desde diciembre del 2010 el artículo 42 que regula la accidentalidad laboral contempla la responsabilidad de empresario, mandos intermedios, aseguradoras y personas jurídicas. Por parte de la Administración, cuando se produce un accidente, interviene en la investigación tanto la Fiscalía como la Inspección de Trabajo.
Precisamente, el inspector jefe provincial de Trabajo en Castellón, Juan José Camino, resaltó la reciente entrada en vigor de la ley de jurisdicción social y su desarrollo en 2012 --antes, el trámite se realizaba por la vía contencioso administrativa, salvo los punitivos, que siguen por la penal; y además, fijará baremos para indemnizaciones--. Y avanzó las campañas en Castellón de prevención en el uso de sílice, amianto o riesgos hospitalarios.
El director general del Invassat, Miguel Ángel Tarín, apuntó además que en las empresas el 70% de riesgos de higiene y el 30% de ergonomía están identificados, pero no evaluados; y los psicosociales, solo se examinan en el 20% de los casos. Como otro reto a mejorar, citó que no es fácil identificar una enfermedad profesional de la común, pero hay un sistema de vigilancia.
07/12/2011 - elperiodicomediterraneo.com - Castellon
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.