El coste de la discapacidad puede alcanzar el 77,2% de la renta del hogar
Por primera vez, un equipo de investigadores ha estimado los costes y el impacto de la discapacidad sobre la economía de las personas que la padecen en España. Según estos datos, el 90% de la población con discapacidad grave está en una situación de pobreza moderada, y el 56% en la extrema.
“Nuestro estudio muestra, con una metodología contrastada y comparable, lo altos que son los costes de la dependencia y lo mucho que contribuyen a aumentar la pobreza” explica a SINC Francisco Javier Braña Pino, investigador de la Universidad de Salamanca y autor de un reciente trabajo que analiza la relación entre discapacidad y precariedad económica en España.
Según el informe, el coste de la discapacidad moderada –cuando la limitación de la actividad diaria es parcial– está en torno al 40% de la renta del hogar, mientras que en el caso de personas con discapacidad severa, este coste se eleva hasta el entorno del 70%.
“Sin tener en cuenta las correcciones de la renta [los gastos estimados de la discapacidad] la población con discapacidades presenta una incidencia, intensidad y severidad de la pobreza sustancialmente mayores que la media nacional”, afirma Braña.
Y cuando además la renta total de los hogares se ajusta para tener en cuenta dichos costes, en el caso de la discapacidad severa más del el 90% entra dentro del nivel de pobreza moderada y el 56% en la pobreza extrema.
“Esta situación, además, contribuye también a la elevación de la pobreza total en España, de un 20% antes del ajuste de la renta a un 27% después”, relata Braña.
Según los datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, los costes adicionales de la discapacidad tienen efectos más devastadores en la pobreza en el caso español. “En general, nuestras estimaciones sitúan los costes de la discapacidad en España por encima de los observados en otros países de nuestro entorno o similar nivel de desarrollo”, alerta el investigador.
“Con este trabajo se pretende mostrar lo mucho que queda por hacer para nivelar a las personas discapacitadas, es decir, eliminar las minusvalías de ganancia y de conversión”, declara Braña.
Los estudios anteriores muestran que, en todos los países, la discapacidad es una de las causas destacadas de la pobreza. “Por una parte las personas discapacitadas pierden renta, por no conseguir empleo o por ser este de peor calidad”, señala Braña. “Pero, por otra parte, dado que tienen necesidades especiales, tienen más dificultades para obtener bienestar de sus recursos o puede necesitar de mayores ingresos para realizar la misma actividad”.
Existen unos gastos extras asociados a la discapacidad que provienen de la mayor necesidad de bienes que también consumen las personas no discapacitadas (como la calefacción), los bienes específicos relacionados con su discapacidad (como los pañales) y la menor productividad de los bienes consumidos. Y, recíprocamente, el autor recuerda que, “aunque quizás este menos claro en los países desarrollados, la pobreza también puede provocar la discapacidad”.
Aunque en los datos de las Encuestas Nacionales de Salud desde 1987 puede observarse que las personas de clases menos privilegiadas presentan un peor estado de salud, mayor limitación en la actividad habitual y padecen de trastornos crónicos con mayor frecuencia que las personas de clases más privilegiadas, sobre todo en mujeres.
Desde los años 70 del siglo pasado se han realizado estudios para tratar de estimar los costes de la discapacidad y poder fijar con ello las ayudas públicas a las personas afectadas, como es el caso de Australia, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido.
Para elaborar este estudio se ha utilizado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) correspondiente al año 2007, que recoge información de los niveles de ingreso del hogar así como de las características sociales y demográficas de sus miembros.
Los investigadores han contado con muestra total de más de 28.000 personas adultas. “De estas, aproximadamente 2.700 presentan, de acuerdo con nuestra definición, discapacidad y algo más de 2.100 pueden ser consideradas dependientes”, describe Braña.
Este hecho queda reconocido en los sistemas de protección social de muchos países, que conceden beneficios, ya sean gastos directos o gastos fiscales, para compensar los mayores costes de consumo asociados a la discapacidad.
“En España una persona discapacitada tiene menos ayudas que en los países en que se han hecho estudios similares, excepto Estados Unidos”, afirma Braña.
A partir de este análisis, los autores afirman que para mejorar la situación habría que replantear la política social y económica. “La construcción del estado del bienestar, como muestra la aplicación de la Ley de la Dependencia, crea empleo incluso en tiempos de crisis tan agudas como la que padecemos”, concluye Braña.
Referencia bibliográfica
Francisco Javier Braña Pino. “Pobreza, discapacidad y dependencia en España”. Papeles de economía española, 129. 2011
“Nuestro estudio muestra, con una metodología contrastada y comparable, lo altos que son los costes de la dependencia y lo mucho que contribuyen a aumentar la pobreza” explica a SINC Francisco Javier Braña Pino, investigador de la Universidad de Salamanca y autor de un reciente trabajo que analiza la relación entre discapacidad y precariedad económica en España.
Según el informe, el coste de la discapacidad moderada –cuando la limitación de la actividad diaria es parcial– está en torno al 40% de la renta del hogar, mientras que en el caso de personas con discapacidad severa, este coste se eleva hasta el entorno del 70%.
“Sin tener en cuenta las correcciones de la renta [los gastos estimados de la discapacidad] la población con discapacidades presenta una incidencia, intensidad y severidad de la pobreza sustancialmente mayores que la media nacional”, afirma Braña.
Y cuando además la renta total de los hogares se ajusta para tener en cuenta dichos costes, en el caso de la discapacidad severa más del el 90% entra dentro del nivel de pobreza moderada y el 56% en la pobreza extrema.
“Esta situación, además, contribuye también a la elevación de la pobreza total en España, de un 20% antes del ajuste de la renta a un 27% después”, relata Braña.
Según los datos de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, los costes adicionales de la discapacidad tienen efectos más devastadores en la pobreza en el caso español. “En general, nuestras estimaciones sitúan los costes de la discapacidad en España por encima de los observados en otros países de nuestro entorno o similar nivel de desarrollo”, alerta el investigador.
“Con este trabajo se pretende mostrar lo mucho que queda por hacer para nivelar a las personas discapacitadas, es decir, eliminar las minusvalías de ganancia y de conversión”, declara Braña.
Los estudios anteriores muestran que, en todos los países, la discapacidad es una de las causas destacadas de la pobreza. “Por una parte las personas discapacitadas pierden renta, por no conseguir empleo o por ser este de peor calidad”, señala Braña. “Pero, por otra parte, dado que tienen necesidades especiales, tienen más dificultades para obtener bienestar de sus recursos o puede necesitar de mayores ingresos para realizar la misma actividad”.
Existen unos gastos extras asociados a la discapacidad que provienen de la mayor necesidad de bienes que también consumen las personas no discapacitadas (como la calefacción), los bienes específicos relacionados con su discapacidad (como los pañales) y la menor productividad de los bienes consumidos. Y, recíprocamente, el autor recuerda que, “aunque quizás este menos claro en los países desarrollados, la pobreza también puede provocar la discapacidad”.
Aunque en los datos de las Encuestas Nacionales de Salud desde 1987 puede observarse que las personas de clases menos privilegiadas presentan un peor estado de salud, mayor limitación en la actividad habitual y padecen de trastornos crónicos con mayor frecuencia que las personas de clases más privilegiadas, sobre todo en mujeres.
Desde los años 70 del siglo pasado se han realizado estudios para tratar de estimar los costes de la discapacidad y poder fijar con ello las ayudas públicas a las personas afectadas, como es el caso de Australia, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido.
Para elaborar este estudio se ha utilizado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) correspondiente al año 2007, que recoge información de los niveles de ingreso del hogar así como de las características sociales y demográficas de sus miembros.
Los investigadores han contado con muestra total de más de 28.000 personas adultas. “De estas, aproximadamente 2.700 presentan, de acuerdo con nuestra definición, discapacidad y algo más de 2.100 pueden ser consideradas dependientes”, describe Braña.
Este hecho queda reconocido en los sistemas de protección social de muchos países, que conceden beneficios, ya sean gastos directos o gastos fiscales, para compensar los mayores costes de consumo asociados a la discapacidad.
“En España una persona discapacitada tiene menos ayudas que en los países en que se han hecho estudios similares, excepto Estados Unidos”, afirma Braña.
A partir de este análisis, los autores afirman que para mejorar la situación habría que replantear la política social y económica. “La construcción del estado del bienestar, como muestra la aplicación de la Ley de la Dependencia, crea empleo incluso en tiempos de crisis tan agudas como la que padecemos”, concluye Braña.
Referencia bibliográfica
Francisco Javier Braña Pino. “Pobreza, discapacidad y dependencia en España”. Papeles de economía española, 129. 2011
05/01/2012 - SINC
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