Más de 50.000 empleadas de hogar, que trabajan por
horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social ,
pasarán a formar parte de la economía sumergida española si en el plazo de tres
semanas sus empleadores no regularizan su situación.
La nueva regulación, que entra en vigor el 1 de
julio, también afecta a aquellas empleadas a tiempo parcial que no estaban
obligadas a cotizar y que ahora deben hacerlo desde la primera hora de trabajo. Muchas temen que se traduzca en una
reducción de sus ingresos, porque aunque corresponde al empleador pagar esa
cuota, en la práctica supondrá en muchos casos un descuento de su salario.
Con la nueva regulación, el empleador -uno o varios- debe
dar de alta, antes del 30 de junio, en el Sistema Especial de Empleados del
Hogar a sus empleados, con
total independencia del número de horas de prestación de servicios.
A partir de ese momento, el trabajador -la mayoría
mujeres- tiene derecho a las
mismas prestaciones que tienen reconocidas el resto de los afiliados del
Régimen Especial, como incapacidad temporal, pero no a cobrar desempleo.
Los que no estén afiliados en este nuevo régimen quedarán en situación de desprotección ante cualquier accidente laboral y
a los empleadores se les podrá imponer sanciones de entre 3.000 a 6.000 euros.
Del total de 321.190 empleados del hogar afiliados a
la Seguridad Social ,
151.934 ya se han integrado en el Régimen General y 169.256 aún no lo han
hecho.
De estos últimos, 116.235 son empleados continuos,
que ya estaban contratados por el empleador y que pasarían a la nueva
regulación, mientras que los contratados a tiempo parcial o trabajadores por
horas, que se pagaban su propia cotización, -53.021- quedarían fuera de la ley
y por tanto en la economía sumergida.
Lento ritmo de incorporación
El Gobierno ha admitido que el ritmo de
incorporación no es el esperado -dio un plazo de seis meses para que lo
hicieran de forma progresiva- y se está planteado la necesidad de adoptar
"medidas transitorias" para que miles de personas no se queden desde
esa fecha en una situación "indeseable" de desprotección, según
indicó el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Según la
Encuesta de Población Activa (EPA), durante el primer trimestre de este
año había 507.700 personas trabajando como personal doméstico; de ellas
495.400 mujeres y 12.300 hombres.
Cristina García Sainz, de Universidad Autónoma,
opina que "aunque la gente no quiera esa situación, va a seguir en la
economía sumergida, en buena medida", sobre todo "ante situaciones de
empleadores poco solventes, que no pueden competir a precios de mercado y no
pueden pagar un sueldo y una seguridad social que les incrementa ese coste
laboral".
Incluso, puede desaparecer "la posibilidad que
hasta ahora tenía esa población poco solvente de poder tener una pequeña ayuda
doméstica, o como le queramos llamar, para cubrir esas carencias del Estado de
Bienestar, que en nuestro país es muy deficitario", indica la profesora de
sociología a Efe.
La experta pronostica que "habrá empleadores que digan
que les compensa hacer ese esfuerzo económico", pero en otros, lo
descontarán del sueldo y por tanto lo asumirá el trabajador.
Para la profesora del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, "el efecto real de
la ley será el no cambio" porque los empleadores piensan que a "ellos
les han bajado el sueldo, no quiere bajárselo a su trabajador, pero tampoco
quieren aumentar el gasto". "Las cifras significan muy poco, porque
es un sector volátil y no reglamentado suficientemente", indica a Efe.
En algunas trabajadoras, que hasta ahora no estaban
obligadas a cotizar porque trabajaban menos horas de las que marcaba la ley,
también pesa el hecho de que la nueva regulación no les da cobertura de
desempleo, añaden.
Extranjeras internas
"Hay cada vez más mujeres españolas que ante la
falta de ingresos familiares o ante la pérdida de sus empleos anteriores
ofrecen su trabajo generalmente por unas horas nada más, como complemento a la
pérdida de ingresos familiares", explica la catedrática María Ángeles
Durán.
La investigadora, directora de la Cátedra Unesco de
Políticas de Igualdad de la Universidad Autónoma , asegura que las
estadísticas todavía no recogen este cambio de perfil de la empleada del hogar,
pero defiende que ya se está notando, "se
palpa que se ha producido", además
del aumento de la carga de trabajo del hogar en las madres.
"Ya se
ha notado la reducción de personas en residencias, que era trabajo delegado
fuera del hogar, se están sacando a las personas mayores de las residencias
porque no se pueden pagar o se están quitando horas a los niños de sus
actividades complementarias y ese peso recae sobre la madre".
La profesora de sociología de la Universidad Autónoma
Cristina García reconoce que tiene la impresión de que "mientras las
trabajadoras inmigrantes se han incorporado a los hogares donde trabajan como
internas, está creciendo otro sector de población autóctona o española que se
dedica al servicio doméstico como externa, por horas".
Sanciones
La legislación prevé sanciones para los empleadores
de entre 3.000 y 6.000 euros que no hayan dado de alta en la Seguridad Social
a su empleado de hogar, recuerda Carmen López, de UGT.
"Con una sola hora de trabajo en un hogar,
deben estar dadas de alta por el empleador; en cada casa que trabaje debe estar
dada de alta, aunque en una de ellas tenga ya un contrato de ocho horas",
aclara la responsable de Política Social a Efe. Advierte de que en caso de
accidente de trabajo, el
responsable del hogar tendrá "un problema serio y que es correr con todos
los gastos".
La responsable sindical anima a aquellos empleadores
que todavía no lo han hecho, a regular, en estas semanas, a sus trabajadoras.
"Creo que a ningún trabajador de este país, que a la vez es empleador, les
gustaría que les dijeran, a ellos o a miembros de su familia, que fueran a
trabajar sin contrato", opina.
