miércoles, 29 de mayo de 2013

LA LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SUPONDRÁ LA PÉRDIDA DE 40.000 EMPLEOS PÚBLICOS EN ANDALUCÍA

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -
   El sindicato FSP UGT-A ha asegurado que la Ley de reforma de la administración local "supondrá la pérdida de 40.000 empleos públicos en Andalucía".
   En una nota, FSP UGT-A ha recordado que concentró en Sevilla la semana pasada a más de 120 empleados públicos de la administración local para analizar, estudiar y debatir el anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno central "quiere imponer sin negociación previa".

   En estas jornadas hubo ponencias de diferentes ámbitos, político de diputaciones y ayuntamientos, de diferentes partidos (PSOE, IULV-CA y PA), expertos jurídicos y económicos o responsables del sindicato a nivel federal, y en las que "se ha considerado, por unanimidad, que los efectos de la misma serán muy negativos o perniciosos para nuestras administraciones locales tanto en lo que a destrucción de empleo se refiere  como a la prestación de servicios públicos de calidad y proximidad para la ciudadanía".
   En las diferentes intervenciones, se ha puesto de manifiesto "la falta de justificación en el sometimiento de los ayuntamientos al llamado 'coste estándar', coste que sólo tiene en cuenta un único factor, el poblacional, sin tener en cuenta otra serie de condicionantes, y que entraña el fin último y principal de esta reforma, como es la privatización o externalización de servicios públicos esenciales".
   Apunta que es "mayoritario" el consenso en la consideración de que mediante esta reforma "no se ha abordado el principal problema que aqueja actualmente a nuestras haciendas locales, una financiación acorde con los servicios públicos esenciales prestados".
   En cuanto al objetivo declarado en el anteproyecto de "favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas", el sindicato opina que constituye una declaración de carácter ideológico y partidario. "Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público subsidiaria de la iniciativa privada", ha agregado FSP UGT-A.
   Desde la propia federación se plantearon estrategias sindicales que promueven "el menor daño posible a la sociedad en la implantación tan poco democrática de esta ley, que buscan ante todo preservar el empleo público y la prestación al ciudadano de servicios públicos, gratuitos, universales y de calidad".

MOVILIZACIONES

   Como primera medida de presión se está estudiando organizar para el próximo mes de junio entre UGT y CCOO marchas de unos tres días de duración que partirían de diferentes puntos de Andalucía y concluirían en Sevilla.
   El Secretario General de FSP UGT-A, Antonio Tirado, concluía y cerraba las jornadas haciendo un "llamamiento a todas las fuerzas políticas para hacer un frente común, pidiéndole un ejercicio de responsabilidad de gobierno real  ante el ataque frontal que esta Ley va a suponer para nuestro sistema democrático, al que desvirtúa y deja sin sentido en los ayuntamientos afectados; ante el deterioro de los servicios que de acuerdo a ella se van a prestar; y ante las consecuencias que su implantación va a tener para la destrucción de empleo, para impedir su puesta en marcha".