La
Ley de la Dependencia ha
supuesto uno de los más grandes avances con respecto a la protección social, y
Andalucía está a la cabeza del Estado en cuanto a la atención a la Dependencia se
refiere, con un total de 251.080 (el 27% de prestaciones concedidas a nivel
nacional) y el 25% del conjunto nacional con respecto a las personas atendidas,
183.186 personas (según fuentes Junta Andalucía). Si bien estos datos nos
llevaban a felicitar a la administración, en la actualidad la situación que se
vive en la comunidad es otra bien distinta, que nos alerta del peligro que
corre dicha atención en Andalucía.
La Federación
de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Andalucía denuncia la falta de tasa de reposición, se ha
bajado en torno a un 2,5% el índice de cobertura de servicios al no incorporar
nuevos usuarios al sistema, situación que pone en peligro los puestos de
trabajo en el sector. Una pérdida estimada entre 2011 y 2012 de unos 3.000
empleos directos.
Los retrasos en el pago de los servicios (algunos desde diciembre de 2012),
provoca un alto índice de conflictividad en el terreno laboral. Dicha
conflictividad viene determinada por la falta de pago de las nóminas, así como
el cambio de las condiciones laborales (bajada de salarios, perdida de
jornadas, etc). “Esta situación está generando que el empleo sea cada vez más
precario en el sector y peligre la atención a los usuarios”.- argumenta Antonio
Macías, Secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia
de FSP UGT-Andalucía.
FSP UGT-Andalucía reclama a la
Junta de Andalucía que establezca prioridades presupuestarias
para el mantenimiento del sistema en nuestra comunidad, tal como se estableció
en el Acuerdo Marco Andaluz para la prevención y Atención a la Dependencia en el cual
se acordó entre otras cuestiones:
• Desarrollar un sistema que garantice la calidad en el empleo y en la
prestación de los servicios para la adecuada atención a las necesidades de las
personas en situación de dependencia, estableciendo estándares de acreditación
suficiente, y
• garantizar una financiación suficiente y progresiva del Sistema.
“Desde este sindicato se quiere hacer un llamamiento a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para
exigirle que gestione políticamente estos problemas administrativos para que
los trabajadores de estas empresas cobren regularmente sus nóminas así como los
atrasos pendientes que muchos de ellos tienen. No queremos vernos obligados a
tomar medidas de presión, pero si esto no se soluciona en los próximos días, no
dudaremos un instante”.- apunta Antonio Macías.
